#SOSColombia
DIRIGIDO A:
- Iván Duque, Presidente de Colombia
- Mara Lucía Ramírez, Vicepresidenta de Colombia
- Presidente Joe Biden
- Embajadores/as de en Colombia
- Cónsules de en Colombia

Desde la ciudadanía y las organizaciones sociales en Colombia exigimos la autorización por parte del gobierno del Presidente Iván Duque a la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las violaciones a los derechos humanos que se han presentado desde el comienzo del Paro Nacional el 28 de abril de 2021.

La CIDH escuchó la solicitud de miles de personas y organizaciones para realizar una visita de trabajo en Colombia y verificar los abusos a los derechos humanos ocurridos durante el Paro Nacional. Sin embargo, el derecho internacional requiere que el gobierno colombiano autorice la visita y por lo tanto está en manos del presidente Duque dar luz verde a la entrada de este organismo internacional.

Como ciudadanos que condenan el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad colombianos como respuesta a las protestas sociales, solicitamos al Estado y a los organismos internacionales investigar adecuadamente estas instancias y darles pronta respuesta. Esto, con el fin de no dejar en la impunidad los actos de violencia y abuso policial, defender el derecho a la protesta, buscar el cese al fuego en el país y propender por un diálogo diverso y amplio para sanar nuestras comunidades, construir un país más equitativo y evitar la repetición del abuso por parte de la fuerza pública.

La protesta social es un elemento fundamental de la democracia y debe ser reconocida como tal por la fuerza pública, el estado y la sociedad en general. La represión que se ha evidenciado en la movilización social actual en Colombia, debe ser detenida inmediatamente, y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar que no se repita una situación como está en el futuro. La verificación por parte de mecanismos internacionales son un primer paso para afrontar la situación del país, identificar y condenar los crímenes cometidos y establecer una línea base para la construcción de un país más justo, abierto y equitativo.

Por este motivo las personas aquí firmantes exigimos al gobierno la autorización inmediata de la misión de verificación de la CIDH y el apoyo completo a esta investigación, así como el cese absoluto a las violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional y otras demostraciones ciudadanas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de observar y defender el cumplimiento de los derechos humanos en los estados pertenecientes a la OEA. La CIDH está compuesta por un equipo de siete expertos de alta autoridad en derechos humanos que son elegidos por la Asamblea General de la OEA y se encargan de verificar que no se presenten violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos de los estados miembros.

Addressed to:

- Iván Duque, President of Colombia
- Marta Lucía Ramírez, Vice President of Colombia

As citizens and social organizations of Colombia, we demand the government of President Iván Duque to authorize the work visit of the Inter-American Commission on Human Rights to verify the human rights violations that have taken place in the scope of the National Strike, starting on April 28, 2021.

The IACHR listened to the request of thousands of people and organizations to visit Colombia and verify the human rights abuses that occurred during the National Strike. However, international law requires the Colombian government to authorize the visit and therefore it is in the hands of President Duque to give the green light to the entry of this international body.

As citizens who condemn the excessive use of force by Colombian security forces in response to social protests, we ask the State and international organizations to adequately investigate these instances and respond to them promptly. The acts of violence and police brutality cannot be left unpunished, the right to protest must be defended, and the country must seek a ceasefire and the end of violence, in order to enable a diverse and broad dialogue which heals our communities, builds an equitable country and avoids the repetition of abuse by the public forces.

Social protest is a fundamental element of democracy and must be recognized and valued as such by the public force, the state and society in general. The repression that has been evidenced in the current social mobilization in Colombia must be stopped immediately, and the necessary measures must be taken to guarantee that a situation like it is not repeated in the future. Verification by international mechanisms is a first step in facing the country's situation, identifying and condemning the crimes committed and establishing a baseline for the construction of a more just, open and equitable country.

For this reason, the signatories of this petition demand that the government authorize the entry of the IACHR's verification mission immediately and provide it with its full support for the investigation, as well as securing the absolute cessation of human rights violations in the scope of the National Strike and other demonstrations.

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) is an organ of the Organization of American States (OAS) which is tasked with the observation and defense of human rights in the states belonging to the OAS. The IACHR is made up of a team of seven high-level human rights experts who are elected by the OAS General Assembly and are in charge of verifying that there are no violations of the fundamental rights of the citizens of the member states.


INICIAMOS PIDIÉNDOLE A LA CIDH QUE INSTAURARA UNA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN EN COLOMBIA
ESPAÑOL

DIRIGIDO A:
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Organización de Estados Americanos
- Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- Presidente Joe Biden

Desde Colombia llamamos a una exhaustiva investigación a las violaciones de derechos humanos y a la represión de la protesta social y solicitamos a la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una visita al país y que establezca una comisión especial que investigue los hechos de violencia, desaparición y represión de la jornada de protestas iniciada el 28 de abril de 2021

Hacemos esta solicitud como ciudadanos y ciudadanas independientes en diferentes países, tomando como base el texto firmado por un grupo de 650 organizaciones de todo el mundo.

Las personas abajo firmantes condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad colombiana como respuesta a las protestas que iniciaron el 28 de abril y a la fecha se mantienen en todo el país. Solicitamos al Estado cesar de manera inmediata el uso arbitrario y excesivo de la fuerza para evitar mayores vulneraciones a los derechos humanos de la población. Asimismo, teniendo en cuenta el importante rol que la comunidad internacional puede tener ante esta situación, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que solicite la anuencia del Estado para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de expertas y expertos que colabore con la investigación de lo ocurrido.

A más de una semana de haber comenzado las manifestaciones sociales, por el descontento de la población por una propuesta de reforma tributaria, la crisis económica y de salud en el marco del COVID-19 y el aumento de las masacres y asesinatos de líderes y personas defensoras de los derechos en todo el territorio nacional, la Fuerza Pública ha respondido con el uso desproporcionado de armas de fuego y la intervención de las fuerzas militares. Ello ha dejado decenas de personas sin vida y resultado en detenciones arbitrarias, judicializaciones, actos de violencia sexual, desaparición de personas, cientos de heridos y un sin número de denuncias de abuso policial.

Igualmente, se ha evidenciado un elevado número de agresiones por parte de la fuerza pública en contra de la prensa y personas defensoras, acompañado de declaraciones de funcionarias, funcionarios y figuras públicas, que alientan el uso de armas letales. Ello, además, no ha sido contrarrestado por una posición oficial estatal rechazando públicamente el uso de la violencia en el marco de las protestas, sino más bien, el presidente ha autorizado la participación de las fuerzas militares en funciones de control de orden público.

A la luz de estos hechos, las personas firmantes recordamos que el derecho a la protesta juega un papel esencial en la defensa de la democracia y los derechos humanos. La protesta se encuentra fuertemente asociada a los derechos a la libertad de expresión, el derecho de reunión, la participación en asuntos de la vida pública y la libertad de asociación. La protesta, como forma de acción individual y colectiva tiene como fin, entre otras, la expresión de ideas, la denuncia y reivindicación de derechos, la exigibilidad de políticas con justicia social. Asimismo, genera obligaciones específicas para los Estados, quienes deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en contextos de protesta, lo que incluye garantizar las actividades previas o conexas, principalmente actividades en línea, como pueden ser las convocatorias espontáneas para manifestarse por redes sociales. Además, el Estado debe facilitar el ejercicio del derecho a la protesta sin ningún tipo de estigmatización. Resulta especialmente relevante recordar que las fuerzas armadas no deben actuar en estas situaciones, pues su función y formación no está dirigida a este tipo de intervenciones.

De igual forma recordamos que, de conformidad con los estándares internacionales, los Estados tienen la obligación de satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. Así, el uso de la fuerza debe tener un objetivo legítimo, limitar su uso ante la inexistencia de otros medios que permitan tutelar los derechos a la vida e integridad personal y ser proporcional al peligro existente.

Por ello, hacemos un llamado al Estado colombiano al cese inmediato del uso de la fuerza y al uso de armas letales y no letales, al cese de la violencia sexual como castigo y tortura y atender sus obligaciones internacionales en relación con el derecho a la protesta, incluyendo su obligación de respetar, proteger y facilitar las condiciones para el ejercicio de este derecho, así como permitir y brindar garantías a la labor de la prensa y las y los defensores de derechos humanos en terreno. Además, hacemos un llamado al Estado a propiciar espacios de diálogo e intercambio con la sociedad manifestante.

Asimismo, evidenciamos que estamos ante una situación que se ha repetido al menos en los últimos tres años, sin una respuesta estatal eficaz que permita superar la impunidad, así como la falta de una política integral en relación con el uso de la fuerza en el marco de la protesta social. El escenario actual evidencia la debilidad y falta de voluntad institucional para superar dichos obstáculos.

Por ello, ante la frágil situación institucional y la gravedad de las violaciones denunciadas, hacemos un llamado a la CIDH y a Naciones Unidas DDHH a: condenar enérgicamente los hechos de violencia y represión de la protesta social en Colombia, realizar una visita al país para verificar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, así como el estado de impunidad y la falta de investigación de hechos similares ocurridos en los años anteriores.

De igual forma, consideramos indispensable que la CIDH establezca un mecanismo independiente en el terreno para colaborar con las autoridades nacionales en la investigación, el cual puede ayudar a esclarecer lo ocurrido, superar la impunidad de estos graves hechos y recomendar medidas que contribuyan a la no repetición de los mismos.

Finalmente, hacemos un llamado a todos los actores y a la sociedad en general a defender el derecho a la protesta, condenar enérgicamente la violencia desproporcionada con que actúa la fuerza pública en el marco de las protestas sociales en Colombia y a exigir las reformas pertinentes que reclama la población para que el actual escenario de represión no se vuelva a repetir.
ENGLISH

We address this letter to:
- Inter-American Commission on Human Rights - OAS
- Organization of American States - OEA
- United Nations High Commissioner for Human Rights
- President Joe Biden

We call for a thorough investigation of the human rights violations and repression of social protest that is taking place in Colombia. We also request that the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the United Nations High Commissioner for Human Rights visit the country and establish a special commission to investigate the episodes of violence, forced disappearances, and repression in the context of the protests that started on April 28, 2021.

We make this request as independent citizens from different countries, based on a text signed by a group of 650 organizations worldwide:

We, the undersigned, condemn the excessive use of force by agents of the Colombian security forces in response to the protests that began on April 28 and continue to date throughout the country. We request the Colombian State to immediately cease the arbitrary and excessive use of force to avoid further violations of the population's human rights. Also, taking into account the vital role that the international community can play in this situation, we call on the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to request the consent of the State to visit the country and install an independent mechanism of experts to collaborate with the investigation of what happened.

Colombia has experienced more than a week of social mobilization due to widespread discontent with a tax reform bill proposal, the economic and health crisis in the framework of the COVID-19 pandemic, and the increase in massacres and murders of leaders and human rights defenders throughout the national territory. Security forces responded to this mobilization with disproportionate use of firearms and intervention of military forces. This approach has left dozens of people dead and resulted in arbitrary detentions, prosecutions, acts of sexual violence, disappearances, hundreds of wounded, and countless complaints of police abuse.

Likewise, there has been a high number of aggressions by the security forces against the press and human rights defenders, accompanied by statements of officials, civil servants, and public figures that encourage the use of lethal weapons. The Colombian State has not made any official public statement rejecting violence in the context of the protest. Instead, the President has authorized the participation of military forces to control the public order.

In light of these facts, we, the undersigned, recall that the right to protest plays an essential role in defense of democracy and human rights. Protest is strongly related to the human rights to freedom of expression, assembly, participation in public affairs, and freedom of association. As a form of individual and collective action, social protest has the purpose of expressing ideas, vindicating rights, and demanding enforceability of social justice policies. It also generates specific obligations for States, which must respect, protect and guarantee human rights in protest contexts, including previous activities such as online activities (e.g., spontaneous calls to demonstrate through social networks). In addition, the State must facilitate the exercise of the right to protest without any stigmatization. It is especially relevant to remember that the armed forces should not act in these situations, as their function and training are nor related to this type of intervention.

We also recall that, under international standards, States must comply with the principles of legality, absolute necessity, and proportionality in the use of force. Thus, the use of force must have a legitimate objective, come only in the absence of other means to protect the rights to life and personal integrity, and be proportional to the existing danger.

Therefore, given the fragile institutional situation and the seriousness of the violations reported, we call on the IACHR and the United Nations Human Rights Council to:

a. Strongly condemn the acts of violence and repression of social protest in Colombia;

b. Conduct a visit to the country to verify the seriousness of the human rights violations and the impunity and lack of investigation of similar events in previous years.

Likewise, we consider that the IACHR should establish an independent mechanism to collaborate with the national authorities in the investigation. This mechanism can help clarify what happened, overcome impunity for these severe events, and recommend measures that contribute to the non-repetition of these events.

Finally, we call on all actors and society in general to:

a. Defend the right to protest;

b. Strongly condemn the disproportionate use of violence by security forces in the context of the social protests in Colombia; and

c. Demand the pertinent reforms demanded by the population so that the current scenario of repression is not repeated.
FRANÇAIS

Dirigé à:
- Commission interaméricaine des droits de l'homme
- Organisation des États américains
- Nations Unies pour les droits de l'homme
- Président des États-Unis. Joe Biden

Nous appelons à une enquête exhaustive sur les violations des droits de la personne et la répression de la protestation sociale en Colombie. Nous demandons à la Commission interaméricaine des droits de l’homme CIDH et au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de la personne de visiter le pays et de créer une commission spéciale pour enquêter sur les actes de violence, de disparition et de répression des manifestations qui ont débuté le 28 avril 2021 en Colombie.

Nous formulons cette demande comme citoyens indépendants fondés sur texte signé par un groupe de 650 organisations du monde entier.

Nous condamnons l'usage excessif de la force par des agents des forces de sécurité colombiennes en réponse aux manifestations qui ont commencé le 28 avril dans tout le pays. Nous demandons à l'État de cesser immédiatement l'usage arbitraire et excessif de la force et empêcher de nouvelles violations des droits de la personne. En considérant le rôle important que la communauté internationale peut jouer. Nous appelons la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) à demander le consentement de l'État Colombien pour visiter le pays accompagné des experts indépendants pour collaborer à l'enquête et clarifier les événements.

Dès le début des manifestations sociales et le mécontentement provoqué par une proposition de réforme fiscale, la crise économique et sanitaire marquée par la COVID-19 et les massacres et assassinats de dirigeants et défenseurs des droits de la personne, la police a répondu par l'utilisation disproportionnée des armes à feu et l'intervention des forces militaires. Cela a fait des dizaines de morts et entraîné des arrestations arbitraires, des poursuites, des actes de violence sexuelle, des disparitions de personnes, des centaines de blessés et d'innombrables rapports d'abus policiers.

Il y a un grand nombre d'attaques des forces publiques contre la presse et des déclarations d'agents publics qui encouragent l'utilisation d'armes. Le président de la République a autorisé la participation des forces militaires aux fonctions de contrôle de l'ordre public au lieu d’adopter une position contre la violence. Il y a aussi déclarations d’autres agents publics qui encouragent l'utilisation d'armes.

Le droit de manifester joue un rôle essentiel dans la défense de la démocratie et des droits de la personne. La manifestation génère des obligations pour les États pour protéger et garantir les droits de la personne sans stigmatisation. En outre, l'État doit faciliter l'exercice du droit de manifester. Il est important de rappeler que les forces armées ne doivent pas agir dans ces situations, car leur rôle et leur formation ne visent pas ce type d'intervention. Conformément aux normes internationales, les États ont l'obligation de respecter les principes de légalité, de proportionnalité dans l'usage de la force.

Pour ces raisons, nous demandons à l'État colombien de cesser immédiatement le recours à la force et l'utilisation d'armes létales et non létales, de cesser la violence sexuelle et torture, de s'acquitter de ses obligations internationales en matière de droit de manifester, faciliter les conditions et de garantir le travail de la presse et des défenseurs des droits de la personne sur le terrain. Nous demandons à l'État de promouvoir des espaces de dialogue.

Nous sommes confrontés à une situation qui s'est répétée au moins au cours des trois dernières années, sans une réponse de l'État qui permet de surmonter l'impunité. L'absence des politiques nationales en matière de l'utilisation de la force au sein de la protestation sociale. Le scénario actuel montre la faiblesse et l’absence de volonté institutionnelle pour surmonter ces obstacles.

À cause de la situation institutionnelle fragile et de la gravité des violations signalées, nous appelons la CIDH et les droits de la personne des Nations Unies de:

a. Condamner les actes de violence et de répression de la contestation sociale en Colombie.

b. Effectuer une visite pour vérifier la gravité des violations des droits, l'état d'impunité et l'absence d'enquête sur des événements similaires survenus les années précédentes.

Enfin, nous appelons toute la société à :

a. Défendre le droit de manifester.

b. Condamner fermement la violence disproportionnée avec laquelle la force publique agit dans le cadre des manifestations sociales en Colombie et

c. Exiger les réformes pertinentes que la population a exigées pour que cette répression ne se répète jamais.
DEUTSCH

Wir richten diesen Brief an:
- die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (IAKMR)
- die Organisation amerikanischer Staaten - OAS
- den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte
- den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Herrn Joe Biden

Die kolumbianische Zivilgesellschaft fordert die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (IAKMR) und den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte dazu auf, eine umfassende Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen und der Unterdrückung der sozialen Proteste, die im Rahmen des aktuellen Nationalstreiks stattgefunden haben, durchzuführen. Seit dem 28. April 2021 kommt es in mehreren Städten des Landes zu Gewaltanwendung gegen Demonstranten, sowie Situationen des Mordes und Verschwinden von Personen.

Wir stellen diese Anfrage als unabhängige Bürger in verschiedenen Ländern, basierend auf folgendem Text, der von einer Gruppe von 650 Organisationen aus der ganzen Welt unterschrieben wurde.

Die Unterzeichnenden verurteilen den übermäßigen Einsatz von Gewalt durch Mitglieder der kolumbianischen Sicherheitskräfte als Reaktion auf die Demonstrationen, die am 28. April begannen und bis heute im ganzen Land andauern. Wir fordern den Staat auf, die willkürliche und exzessive Anwendung von Gewalt unverzüglich einzustellen, um weitere Verletzungen der Menschenrechte der Bürger zu verhindern. In Anbetracht der wichtigen Rolle, die die internationale Gemeinschaft in dieser Situation spielen kann, fordern wir die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IAKMR) auf, die Zustimmung des Staates einzuholen, um einen Landesbesuch durchzuführen und eine unabhängige Überprufungsinstanz einzurichten, bei der Experten und Expertinnen die Situation und die Geschehnisse beurteilen.

Mehr als eine Woche nach Beginn der sozialen Demonstrationen, welche aufgrund der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem neuesten Steuerreformvorschlag, der Wirtschafts- und Gesundheitskrise, die im Rahmen des COVID-19 eingetreten ist und der Zunahme von Massakern und Morden an Menschenrechtsverteidigern, einberufen wurden, hat der Staat mit dem unverhältnismäßigen Einsatz von Schusswaffen und der Intervention der Streitkräfte reagiert. Dies hat bisher Dutzenden von Menschen das Leben gekostet und zu willkürlichen Verhaftungen, Strafverfolgungen, sexuellen Gewalttaten, Verschwindenlassen von Menschen und Hunderten von Verletzungen, sowie unzähligen Berichten über Polizeigewalt geführt.

Ebenso wurde eine hohe Anzahl von Angriffen der Sicherheitskräfte gegen die Presse nachgewiesen, begleitet von Aussagen von Beamten, Beamtinnen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die den Einsatz tödlicher Waffen unterstützen. Der Staat hat bisher keine offizielle Position gegen den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten eingenommen, während der Präsident die Handlungen der Streitkräfte als Kontrollfunktion der öffentlichen Ordnung verteidigt.

In Anbetracht dieser Tatsachen erinnern die Unterzeichner daran, dass das Recht auf Protest eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung der Demokratie und der Menschenrechte spielt, da es stark mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlung und auf die Teilnahme an Fragen des öffentlichen Lebens verbunden ist. Der soziale Protest als Form des individuellen und kollektiven Handelns hat unter anderem den Entwurf von Ideen, die Sicherung der Grundrechte, und die Konstruktion einer Politik der sozialen Gerechtigkeit zum Ziel. Ebenso entstehen spezifische Verpflichtungen für die Staaten, die die Menschenrechte in Demonstrationskontexten respektieren, schützen und garantieren müssen, einschließlich der Garantie gekoppelter Aktivitäten, hauptsächlich Online-Aktionen, wie beispielsweise spontane Demonstrationsaufrufe über soziale Netzwerke. Darüber hinaus muss der Staat die Ausübung des Rechts auf Demonstration ohne jegliche Stigmatisierung sichern. Es ist daher besonders wichtig zu erinnern, dass das Heer in diesen Situationen nicht handeln sollten, da dessen Rolle und Ausbildung nicht auf diese Art von Intervention abzielt.

Ebenso erinnern wir daran, dass die Staaten gemäß den internationalen Standards verpflichtet sind, die Grundsätze der Legalität, der absoluten Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit bei der Anwendung von Gewalt zu respektieren. Die Anwendung von Gewalt muss daher ein legitimes Ziel haben, wo keine weiteren Mittel zur Verfügung stehen, um den Schutz der Rechte auf Leben und der persönlichen Integrität zu ermöglichen, und in einem angemessenen Verhältnis zur bestehenden Gefahr sein.

Aus diesem Grund fordern wir den kolumbianischen Staat auf, die Anwendung von Gewalt und den Einsatz tödlicher und nicht tödlicher Waffen unverzüglich einzustellen, sexuelle Gewalt als Bestrafung und Folter einzustellen und seinen internationalen Verpflichtungen in Bezug auf das Protestrecht nachzukommen, einschließlich seiner Verpflichtung, die Bedingungen für die Ausübung dieses Rechts zu respektieren, zu schützen und zu erleichtern, sowie die Arbeit der Presse und der Menschenrechtsverteidiger vor Ort zuzulassen und zu garantieren. Darüber hinaus fordern wir den Staat auf, Räume für den Dialog und den Austausch mit der protestierenden Gesellschaft zu fördern.

Ebenso stellen wir fest, dass der Gewaltmissbrauch sich in den letzten drei Jahren mehrmals wiederholt hat, ohne das eine wirksame staatliche Reaktion, die die Überwindung der Straflosigkeit ermöglicht, einberufen wurde. Das aktuelle Szenario zeigt die Schwäche und den Mangel an politischem Willen zu agieren und diese Hindernisse zu überwinden.

Angesichts der schwachen institutionellen Situation und der Schwere der gemeldeten Verstöße fordern wir die IAKMR und den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf:

a. die Gewaltakte und die Unterdrückung der sozialen Demonstrationen in Kolumbien nachdrücklich zu verurteilen und

b. das Land zu besuchen, um die Schwere der Menschenrechtsverletzungen sowie die Straflosigkeit und die mangelnde Untersuchung ähnlicher Ereignisse in Vorjahren, zu überprüfen.

Ebenso halten wir es für wesentlich, dass die IAKMR vor Ort eine unabhängige Instanz für die Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden bei der Untersuchung errichtet, die zur Aufklärung der Vorfälle beiträgt, um so die Straflosigkeit für diese schwerwiegenden Ereignisse zu überwinden und Maßnahmen zu empfehlen, damit diese nicht erneut vorkommen.

Schließlich fordern wir alle Akteure und die Gesellschaft im Allgemeinen auf, das Protestrecht zu verteidigen, die unverhältnismäßige Gewalt, mit der die öffentlichen Kräfte im Rahmen sozialer Proteste in Kolumbien handeln, nachdrücklich zu verurteilen und die von der Bevölkerung geforderten einschlägigen Reformen zu fordern.